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Espacio de Luis Núñez

La distribución del dinero sucio

No se puede distribuir un dinero que todavía no es del estado

La distribución de los bienes incautados a los supuestos periodistas de Televisa capturados en Managua la semana pasada, ha provocado toda una polémica que me parece ha estado desenfocada desde el inicio.

La Iglesia católica, con su acostumbrada arrogancia ha pedido que se les dé una parte de los recursos para administrarlos, olvidando toda la historia de corrupción en la que ha estado envuelta en la historia moderna. Si hablamos de corrupción primero veamos al interlocutor.

Por otro lado otras organizaciones piden que se destinen al presupuesto de la República para cubrir necesidades prioritarias de la sociedad, mientras a una, varios sectores critican el hecho que el dinero se haya depositado en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia.

El problema no lo podemos ver de forma tan simple porque podemos caer en la miopía, ni tampoco verlo desde el punto de vista jurídico pues caeríamos en legalismos insustanciales.

1. Para empezar, el planteamiento de muchos sectores de que este dinero tiene que ser destinado a proyectos sociales y a atender prioridades sociales. Esto es bastante cuestionable ya que las prioridades en cualquier presupuesto de cualquier parte del mundo tiene muchas prioridades. Si una institución no tiene prioridades, entonces para qué asignarle recursos. Por ejemplo destinar estos recursos a la construcción de una carretera, puede tener muchos más beneficios para la población en el mediano plazo, en términos de educación, salud, producción que destinar estos mismos recursos a educación o salud, cuyos efectos tendrán un impacto limitado en el tiempo puesto que es un ingreso temporal. Quizás para el presupuesto de salud sea mucho más beneficioso que se invierta más en producción, infraestructura o proyectos estratégicos que otorgar unas gotas de agua a presupuesto permanentemente sediento. No hay que olvidarse que este dinero está ingresando de manera “accidental” a las arcas del Estado no será recurrente. Nos todos los días la gente se saca la lotería. Por otro lado siempre se saca educación y salud, bajo un discurso populista que no se distancia mucho del de la izquierda oficialista. Estos problemas son estratégicos, y por lo tanto requieren respuestas estratégicas. Saber poner el nombre en un papel o medio leer unas cuantas líneas no nos convierte en un país libre el analfabetismo.

2. En segundo lugar la lucha contra el narcotráfico requiere de importantes recursos, es una lucha cara, “de lujo”. Las organizaciones narcotraficantes tiene recursos ilimitados que utiliza para burlar todos los controles policíacos y militares de todo tipo. Ellos hacen inversiones por lo que las instituciones del orden no pueden quedarse atrás. Esta es una guerra estratégica ya que de ella depende la estabilidad social, política y económica del país, además de constituir un pilar en la defensa de valores. Cuando perdamos los valores, de nada va a servir tener educación y salud de primer nivel. Por eso es importante que este tipo de recursos sean destinados en gran parte a la misma guerra contra el narcotráfico.

3. Por otro lado se ha cuestionado el depósito que hizo la Policía a la cuenta de la Corte Suprema de Justicia. A mi juicio la Policía actuó correctamente ya que los cuestionamientos adolecen de un legalismo sin soporte e incluso denotan ignorancia. Y me extraña que el ex diputado José Pallais impulsor de la ley 735, diga que este dinero tenga que incorporarse a la Tesorería de la República y luego incorporada al presupuesto de la República. Aquí hay varias cosas que señalar.
La primera parada de este dinero es la creación de una unidad administradora de los bienes incautados (artículo 43). Esta Unidad la nombra el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, la cual está compuesta por los más altos cargos de las instituciones del país que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado. Lo conforman entre otros la jefe (digo jefe y no jefa porque es una palabra neutra, cuando es varón no se dice jefo) de la Policía, el jefe del ejército, el ministro de Hacienda, la presidente (igual al caso de jefe) de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, etc. En ninguna parte dice que el Consejo puede conformarse por los suplentes o por quienes sean designados, son los titulares. Esto supone un enorme problema ya que difícilmente estos altos funcionarios nunca se pueden reunir por razones obvias. Son 16 altor funcionarios que conforman este inoperante Consejo, incluso reunir la mitad más uno es difícil. Comparto sí lo que dice el ex diputado y ahora soldado de la llanura José Pallais, cuando critica la no conformación de esta Unidad, como una forma de mantener el actual estatus quo de la distribución del dinero procedente de estas actividades ilícitas. Sobre la incorporación de este dinero nos lleva al problema recurrente de la incorporación de todo el dinero procedentes no solo de estas actividades sino de todas los entes descentralizados que no trasladan dinero al Presupuesto (INISER, EPN, BCN, etc) o lo hacen de forma marginal. Esta es una discusión de nunca acabar y que incluso generó otra ley, de transferencias presupuestarias del sector público.

En este sentido la ley tiene muchos vacíos, uno de ellos es no definir los destinos del dinero. Pero bien, el hecho es que no existe la unidad administradora de estos bienes, por lo tanto no se le puede entregar dinero a algo o alguien que no existe. Y menos la Policía no puede quedarse con ese dinero guardado en alguna oficina de Plaza El Sol. La ley define claramente que el dinero (entre otros bienes pecuniarios incautados) debe ser enterado a la Unidad correspondiente dentro de las veinticuatros horas de la incautación. Pero la unidad no existe. Aquí hay un vacío que la ley no define, por lo tanto la Policía hizo lo correcto al depositar dinero a la cuenta de la Corte Suprema de Justicia, que es como hasta la fecha se viene haciendo, solventando el vacío legal que existe, de forma que no se violenta la ley, por cuanto esta ley misma tiene vacíos, incluidos los del plazo para la creación de esta unidad. No es el único caso, así ha pasado con muchos, que se crearon muchos años después de aprobada la ley que les daba vida. Por ejemplo la Ley General de Cooperativas se aprobó en septiembre del 2004 y en ella se ordenaba la creación del Instituto de Fomento Cooeprativo (INFOCOOP), pero este comenzó a funcionar hasta abril del 2008.

4. Finalmente este dinero todavía no es del Estado ya que no existe una sentencia firme que determine que este dinero proviene de actividades ilícitas, eso solo le corresponde definirlo un juez, después de haber pasado por todo un proceso. Es decir estamos repartiendo la carne sin tener la res. El hecho de que la Policía haya depositado el dinero en una cuenta del Estado no quiere decir que ya se esté distribuyendo o se esté haciendo la piñata. El dinero tiene que permanecer en el banco donde se depositó y nadie debe tocarlo, sino hasta que termine el juicio. Igual sucede con los equipos que se mantienen retenidos. En un juicio se puede determinar que todos son inocentes y que el dinero lo iban a entregar a una organización de beneficencia en Costa Rica y que los detenidos no son delincuentes sino ciudadanos filántropos, por lo que se les tendría que regresar el dinero, los vehículos y todo el equipo. Pero si el jurado decide que todos son culpables y después de concluir todo el proceso se dicta una sentencia firme, y ya no queden recursos por dilucidar, entonces hasta ese momento es que se podrá disponer de los bienes. El alboroto que se hace ahora debería orientarse a obligar a las autoridades competentes a solventar los vacíos que tiene esta ley, a mejorarla. La Policía hizo lo correcto, sino entonces qué hubieran hechos quienes critican la acción, ¿guardar 9.2 millones de dólares en efectivo debajo del colchón?

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