Nicaragua tiene una extensión de áreas protegidas que abarca el 25% del territorio nacional, tan grande que supera a muchos de los países más pequeños del mundo. Sin embargo, el número de guardabosques es precario, no supera los 100.
Es fácil deducir que las 76 áreas protegidas en realidad están desprotegidas. No hay suficientes guardaparques y estos a su vez no tienen las herramientas necesarias para detener una invasión ilegal.
Pero no me quiero referir a esto, sino al manejo estatal de los recursos humanos. El tema de las contrataciones y movimientos laborales dentro del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) es tan deprimente para los trabajadores, que sus propios familiares llaman a los medios de comunicación para denunciar las anomalías.
En resumen, las denuncias indican que el Marena se está llenando de familiares de algunos pocos trabajadores con poder, que llegan ganando mejor aunque su aporte se limita a jugar en las computadoras. ¿Qué ocurre entonces con la gente que sí sabe trabajar? Pues los mandan a recoger basura a las calles.
Hasta el mismo sindicato de trabajadores del Marena se quejaron de forma “oficial” por esta situación. O sea, la situación no es inventada, es una realidad.
Como es de esperarse, los “pescadores” se multiplican en este río revuelto, porque quienes están dentro del Marena no saben nada, y los que sí saben están ocupados en las calles, recogiendo la basura que los habitantes no deberían tirar. Al final, los delitos ambientales se multiplican.
Por pura coincidencia, un coronel del Ejército empezó a construir en el Cerro Mokorón (a punto de ser declarado protegido), la Empresa Nacional Portuaria (EPN) construye un puerto junto a otro en la isla de Ometepe (área protegida), y la Policía Nacional ejecuta una orden judicial de destruir una estación biológica en la Laguna de Apoyo (área protegida).
Tres casos en tres días sin que el Marena intente detenerlos, o al menos explicarlos. Digo explicarlos porque no hay muchas esperanzas de revertir la situación cuando el coronel, la EPN, la Policía y el Poder Judicial, tienen un amigo en común: Daniel Ortega, el presidente de la República.
Dentro del mismo Marena la Oficina de Cambio Climático fue “desintegrada”. Pasó de tener a los tres mejores expertos en el tema del país, a no tener a nadie, en el mismo momento en que Nicaragua era ubicada entre los tres países más impactados por el calentamiento global en todo el mundo.
No digo que el Marena no trabaje por el medio ambiente. Sino que la mala administración de los recursos humanos impacta de forma negativa, dejando desamparada a la naturaleza.


