En julio del 2003, cuando el presidente Enrique Bolaños pretendía llevar a cabo una reforma de los poderes del Estado que afectaba a los partidos mayoritarios, la cúpula del PLC respondió por boca del Dr. René Herrera, que “intentarían alcanzar  un acuerdo de gobernabilidad… para buscar una verdadera redefinición del Estado… entre los partidos representativos”. Ante aquella iniciativa, el FSLN respondió que ellos están siempre preparados para iniciar pláticas que permitieran alcanzar lo que en aquellos tiempos denominaron “acuerdo de nación”.

El sábado recién pasado Dr. Francisco Aguirre Sacasa, diputado por el PLC, hizo noticia llamando a buscar un acuerdo de gobernabilidad con el partido de gobierno con la intención de “mitigar la crisis postelectoral”, según sus palabras.

De acuerdo a lo declaraciones por el diputado Aguirre, lo que se persigue es “darle tranquilidad al país para hacerle frente al peor daño económico…”  Desafortunadamente el legislador pretende ignorar que la crísis existe porque el partido con el cuál él sugiere negociar, ha violado la voluntad popular y los derechos civiles y humanos de los nicaragüenses.

Buscar un “acuerdo” con el presidente Ortega, es presentarle en bandeja de plata una máscara de oxígeno que le permitirá -en el interim- encontrar una solución a su medida. Un estratagema  que permita el paso del tiempo. Algo que ellos necesitan y anhelan.

Cualquier intento de estabilidad para la nación debe partir de una base que requiera y garantize el respeto a la voluntad del pueblo expresada en los recién pasados comicios electorales. Es ese menosprecio hacia la población lo que mantiene a Nicaragua en vilo, después de todo.

En enero de éste año, durante la crisis presupuestaria, también propiciada por el FSLN, fue el mismo legislador quién salió como bala disparada por un cañón sin retroceso a platicar con el Presidente para buscar una solución. Ante las críticas de la población y de su mismo partido, Aguirre Sacasa también respondió que eso había sido propuesta propia.

En un ensayo presentado por el politólogo mejicano Antonio Alaníz, éste establece que “la gobernabilidad de hoy debe pasar más por la palabra y la razón, que por los palos y los fusiles”.

La respuesta de Eduardo Montealegre al proyecto de su colega legislador es válida. No puede haber conversaciones de ningún tipo, a menos que el FSLN  acepte un recuento de los votos. Ahora sólo queda esperar a que la bancada del PLC no salga con su “domingo siete” para darnos cuenta que ha estado compartiendo lecho con los aduladores de Daniel Ortega en el Parlamento.

El fraude electoral cometido por el partido del presidente Ortega no debe ser tomado cómo un simple lapsus. Por lo tanto, para que los partidos se sienten a platicar el recuento de las actas debe ser condición Sine qua non. Solamente así podremos concederle a los totalitarios el crédito de la credibilidad mínima sin que la ciudadanía se vea forzada a recurrir a la defensa por medio del garrote.