Por muchos años ha sido tema de discusión en diferentes esferas de muchos países, la confidencialidad sobre la salud de los mandatarios.

Durante las elecciones que llevaron a la presidencia a George W. Bush y mientras atendía clase de ética periodística, discutimos  si era válido o no que se conociera la supuesta afición del entonces candidato republicano, al alcochol (tal como lo dice don Josecito Cuadra Vega).

Unos afirmaban que el ciudadano Bush mantenía los privilegios de confidencialidad que le concede la ley a los demás, e insistían que sus problemas personales eran eso: Personales.

Otros en cambio aseguraban que el hombre público, especialmente el Primer ciudadano de Estados Unidos se regía por diferentes patrones y que su salud, en particular, es de interés nacional.  Se afirmaba también que el buen o mal estado de la misma podría tener consecuencias en la vida de millones de personas y que riñe directamente con la seguridad de la nación. Aseguraban pues, que su historial médico debía hacerse público.

Igual se especuló sobre la salud de los senadores John MacCain y Barack Obama durante los recién pasados comicios presidenciales en Estados Unidos.

Hace pocos días el sacerdote Ernesto Cardenal declaró a una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visitó Nicaragua, que el Presidente Ortega padece una “enfermedad sanguínea” que ha causado que la Primera Dama ejerza el poder de facto.

El supuesto padecimiento de esa enfermedad por el Presidente es un rumor que recorre los pasillos del mundo estatal, las esferas económicas -altas y bajas- y las calles de ciudades y pueblos desde hace algún tiempo. La verdad es que hasta ahora nadie puede confirmar o negar la veracidad de la misma.

En nuestra cultura, la enfermedad sufrida por un político se percibe como fragilidad de su parte, misma que podría repercutir negativamente en el partido de gobierno causando preocupación en quienes pudieran tener aspiraciones. Es por ello que usualmente la existencia de ésta tiende a ser negada por el círculo que rodea al gobernante.

Habiendo recogido las declaraciones de Cardenal, Stratfor, una respetada entidad privada especializada en el análisis político y militar, expresa en un escrito titulado Nicaragua y las bases de poder de Ortega, publicado días atrás que aunque usualmente la salud de un dirigente tercermundista no generaría mucho interés. Con Ortega -asegura- es diferente debido a la posición geográfica de Nicaragua, la que desde hace muchos años ha despertado el interés de las potencias por que la misma le concede jugar el singular papel de bisagra en el escenario geopolítico. Especialmente en estos tiempos de alteraciones en el panorama latinoamericano.

Jerrold M. Post, profesor de Sociología Política y Psiquiatría en la universidad George Washington, escribe en su libro Cuando el líder enferma, que en muchos casos esos padecimientos afectan a la sociedad que les rodea y algunos han tenido consecuencias en el mundo exterior. Además discute cómo las enfermedades afectan la capacidad para tomar decisiones.

En la obra, Post establece que en las sociedades cerradas donde no hay un claro mecanismo de sucesión, tanto el líder como su círculo de secuaces se traban en un abrazo fatal sabiendo que tanto el uno como los otros dependen entre si para sobrevivir.

El Académico presenta varios casos en los que las enfermedades de dirigentes fueron ocultadas a la población. Woodrow Wilson, Mohammad Reza Palhevi (Shah de Irán), y Franklin D. Roosevelt, de quien se sospecha padecía de leves trastornos mentales durante su cuarto período presidencial, son algunos. De Anastasio Somoza Debayle se asegura que sufría de problemas emocionales aunque esto nunca fue admitido públicamente.

Más recientemente, en el 2005; en México la revista Proceso intentó confirmar por la vía legal si el presidente Vicente Fox tomaba Prozac, un medicamento para tratar problemas de depresión. En aquél momento el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), de la nación azteca, dictaminó que esa información era privada; aunque la oficina del Presidente nunca negó los rumores.

En otro foro, la doctora Jackeline Gloner, ex directora del Programa de Bioética también de la universidad George Washington, opinó que “el público tiene derecho a saber si existen aspectos de la salud de un líder que puedan tener impacto en sus obligaciones diarias”.

El cargo de Presidente obliga al mandatario nicaragüense a ser responsable ante la población y a hablar sobre situaciones que le atañen directamente, independientes del sentimiento que pueda suscitar el morbo -mal incubado- generado por las pasiones políticas en algunos de sus adversarios.

Tal acción desinflaría la desinformación y rumores que producen inestabilidad en la república. El estado de salud de un jefe de Estado es un tema político y debe tratarse como tal.